El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el plan integral y calendario, así como los lineamientos, para la realización de la primera consulta popular el próximo 1 de agosto, misma que fue promovida por el gobierno Federal.
En sesión extraordinaria, los consejeros cuestionaron a la administración federal por la falta certeza en los recursos económicos que costará la consulta.
“… El INE no pidió la consulta, pero va a cumplir con su responsabilidad constitucional de llevarla a cabo pues que exista este acompañamiento, para que la misma sea exitosa y no se deje eventualmente al garete de la inanición presupuestaria…hoy estamos en pláticas con la Secretaría de Hacienda planteando que con 91 mil casillas y un costo de 890 millones de pesos puede seguir siendo un ejercicio exitoso…”
Lorenzo Córdova | Presidente del Consejo General del INE
Señalaron que, aunque han hecho reiteradas solicitudes de ampliación de presupuesto para realizar la consulta popular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aún no da respuesta.
“..El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, contamos con hacerlo, por eso los documentos sobre la consulta que hoy se conoce, este Consejo está planteando la hipótesis de eventualmente sufrir una modificación…”.
Lorenzo Córdova | Presidente del Consejo General del INE
— @INEMexico (@INEMexico) April 7, 2021
Empieza @INEMexico trabajos de organización de la #ConsultaPopular2021. https://t.co/7cv8tNJnEm pic.twitter.com/Fifrcjowtg
Ante la falta de certidumbre presupuestal, llamaron a las instituciones a garantizar que la primera consulta popular organizada por el INE sea exitosa.
“… Se requieren recursos para que el Estado opere con responsabilidad, porque nada le puede hacer más daño a este ejercicio de consulta popular que su fracaso porque haya dentro del Estado Mexicano quien no se la tome en serio y no canalice recursos…”
Ciro Murayama | Consejero Electoral del INE
La consulta se realizará 55 días después de la jornada del 6 de junio y en ella preguntará a la población:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
