En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados avaló la Ley de Protección del Espacio Aéreo, que facultará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ser la encargada de coordinar la vigilancia y protección del cielo mexicano.
La votación resultó en 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones del PRI, PAN y PRD. Se trata del dictamen para expedir una nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo que busca establecer un marco jurídico que permita a las autoridades encargadas de la seguridad nacional responder de manera oportuna ante los riesgos que representa la aereotransportación para el país.
Los legisladores destacaron que la nueva norma se apega a los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y establece la obligación del Poder Ejecutivo federal de salvaguardar la soberanía de la nación sobre el espacio aéreo de México.
Según la Comisión de Defensa Nacional, el reto actual para el espacio aéreo nacional es proteger la soberanía nacional y aumentar su uso con eficiencia, ya que se reporta una alerta de seguridad cada 36 horas por aeronaves vinculadas con actividades de la delincuencia organizada, específicamente del narcotráfico.
“El reto es proteger la soberanía nacional y aumentar su uso con eficiencia. Cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con la delincuencia”.
Ricardo Villarreal, presidente Comisión de Defensa Nacional.
Sin embargo, Movimiento Ciudadano pidió la suspensión del debate y rechazó que el manejo del espacio aéreo sea coordinado por el Ejército Mexicano y que se desplace la autoridad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
“La Ley, cuyo contenido supuestamente busca garantizar la seguridad, soberanía e independencia de los cielos nacionales, en realidad otorga el control y vigilancia del espacio aéreo a las Fuerzas Armadas”.
Mirza Flores Gómez, diputada de Movimiento Ciudadano.
Aprobada por la Cámara de Diputados, la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
