El 24 de abril se reformaron los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Se hicieron cambios significativos que afectan la manera en que este recurso legal puede utilizarse para proteger derechos colectivos en México.
Una de las repercusiones más destacadas de estas reformas es la eliminación de la posibilidad de que un solo amparo beneficie a una comunidad o grupo de personas sin que estos hayan acudido individualmente al juicio.
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El doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jesús Garza Onofre, explica a Unotv.com cuáles son las repercusiones de estas modificaciones.
“Si queremos que un amparo tenga una suspensión para toda una colectividad, todas las personas afectadas van a tener que interponer un amparo, a todas luces es una regresión. El amparo sí va a seguir funcionando como un medio de defensa frente a las afectaciones de los derechos, pero ya esos efectos para cuestiones colectivas, para derechos difusos que estén de manera en red va a ser imposible que funcionen”,
Jesús Garza Onofre, investigador de la UNAM
Uno de los casos en los que con un amparo se ayudó a la colectividad, fue cuando en plena pandemia de COVID-19. En aquel momento un juzgado federal en Naucalpan, Estado de México, concedió una suspensión definitiva a los padres de una adolescente de 15 años. La resolución permitió que la joven pudiera ser vacunada, y, con ello, se abrió la posibilidad de que más menores de edad obtuvieran la vacuna.
“El tema de la vacuna es claramente: si nada más era a mí, que era una vacuna que no me ponían, yo interpongo una denuncia y ya, pero si era una enfermedad que se estaba propagando, que no estaba habiendo capacidades para ponerla. Creo que es un buen ejemplo de cómo ciertos derechos van a afectar a una comunidad y no nada más a una persona”, Jesús Garza Onofre, investigador de la UNAM
El investigador de la máxima casa de estudios de México también ejemplificó con las comunidades indígenas.
“El otro gran caso que se me viene a la mente son las comunidades indígenas. Cada persona no va a ir a interponer un amparo ¿Por qué? Porque necesitan un traductor, necesitan un abogado, probablemente no hay un traductor cercano a una comunidad indígena que esté siendo afectada”, Jesús Garza Onofre, investigador de la UNAM
Sin embargo, las reformas a la Ley de Amparo plantean nuevos desafíos en la protección de derechos colectivos. Podrían limitar su efectividad en casos donde la defensa de una comunidad es crucial.
Se tiene previsto que, una vez publicado el dictamen con las modificaciones a la Ley de Amparo, la oposición interponga acciones de inconstitucionalidad.
