La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha implementado el Plan Nacional de Combate a Distribuidores Irregulares de Medicamentos con el objetivo de proteger la salud de la población,y por ello ha hecho pública por primera vez la lista de distribuidores irregulares de medicamentos.
Con ello se permite a la población identificar distribuidores que infringen la regulación sanitaria, ya sea por operar sin autorización o por no cumplir con los requisitos, documentación, equipamiento entre otros.
El objetivo es prevenir la adquisición de insumos que no cuenten con las certificaciones de calidad, seguridad y eficacia.
Este esfuerzo ha generado resultados decisivos en la lucha contra la distribución ilegal de fármacos. Hasta junio de 2024, la Comisión de Operación Sanitaria (COS) de Cofepris identificó en total 194 distribuidores irregulares de medicamentos, desde laboratorios de fabricación, almacenes, farmacias y clínicas hasta personas físicas que comercializan insumos sin cumplir la normatividad aplicable para tales fines.
Además, se han identificado distribuidores con denuncias por falsificación de medicamentos que no habían sido atendidas en administraciones anteriores.
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Un ejemplo es Medikament de México, que tenía denuncias por falsificación de más de 11 fármacos, en complicidad con otros tres distribuidores. A raíz de las acciones de verificación sanitaria, estos establecimientos fueron suspendidos y sancionados con multas que superan el millón de pesos.
Sin embargo, 31 establecimientos solventaron las faltas y ahora cumplen la regulación sanitaria, por lo que fueron eliminados de la lista.
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Lo anterior ha permitido fortalecer los controles en adquisición de medicamentos
El diseño de esta estrategia ha sido posible gracias al trabajo interinstitucional de la COS con distintas dependencias gubernamentales y las mesas de trabajo con cámaras empresariales del sector, donde se comparte información clave para fortalecer la regulación.
También se han redoblado esfuerzos en advertir a las instituciones de salud públicas y privadas sobre los casos de falsificación de medicamentos para aumentar sus controles internos de adquisición; fomentar ante los establecimientos dedicados a la comercialización las normas a vigilar para la compra segura, y establecer políticas específicas para seguimiento y atención de casos graves de falsificación.
