Cinco familias demandan por tortura al exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en EE. UU.
Cinco familias de Nayarit interpusieron una demanda civil en Washington D. C., Estados Unidos (EE. UU.), contra el exfiscal de dicho estado, Édgar Veytia, a quien acusan de ordenar y participar en actos de tortura durante su gestión entre 2012 y 2017.
El periodo en el que Veytia estuvo al frente de la Fiscalía es recordado como “El Terror en Nayarit”, debido a los abusos cometidos por fuerzas de seguridad bajo su mando.
Los demandantes denunciaron haber sido víctimas de tortura mientras se encontraban en custodia de cuerpos policiales que seguían órdenes directas del exfuncionario.
En un comunicado que publicó G37 Centre, organización que representa a las víctimas, se indicó que la demanda fue presentada bajo la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), que permite a los tribunales federales de EE. UU. procesar a personas responsables de tortura en cualquier parte del mundo.
- Las familias buscan que Édgar Veytia sea responsabilizado y obtener compensación por los daños sufridos.
Los demandantes están representados por el G37 Centre, en colaboración con Baker McKenzie y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine. Michael Reed, director de programas del G37 Centre, afirmó que esta demanda busca exponer los abusos cometidos en Nayarit y avanzar en la rendición de cuentas.
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En tanto, los demandantes dijeron:
- “Llevamos casi una década buscando justicia por lo que sufrimos y perdimos a manos de Veytia y personas bajo su mando. Buscamos que este recurso arroje luz sobre las terribles violaciones cometidas bajo el amparo de las autoridades nayaritas, establezca responsabilidades y que esto nunca vuelva a ocurrir”, señalaron los demandantes.
Édgar Veytia, quien tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, fue detenido en marzo de 2017 en la frontera entre ambos países, y en 2019 se declaró culpable de narcotráfico.
Aunque recibió una condena de 20 años de prisión, su sentencia fue reducida a 10 años en 2024, tras colaborar como testigo en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Fue liberado en febrero de 2025.
