Por cambios en Consejería Jurídica de la CDMX, el juez reprogramó para el próximo martes 27 de agosto la audiencia en la que resolverá la situación jurídica de Carlos Ahumada al definir si procede la prescripción de condena por fraude.
Con esto, será hasta el próximo 27 de agosto cuando se decida si tiene razón la defensa del empresario argentino sobre la prescripción de la pena, o si tendrá que cumplir el año 10 meses y 23 días que le faltó, como acusa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
¿Por qué el cambio en la audiencia de Carlos Ahumada?
Según hizo público su abogado, Enrique Ostos, el juez de Ejecución de Sanciones, Rubén Godínez, difirió para el próximo martes la audiencia debido a que la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del Gobierno de la Ciudad de México, cambió sus apoderados legales.
Ante ello, el juzgador decidió dar tiempo para que los nuevos nombramientos puedan conocer sobre el caso, antes de emitir su decisión definitiva en torno a la situación jurídica de Carlos Ahumada, quien volvió a México el pasado 16 de julio extraditado por Argentina.
Si recibe una resolución positiva respecto a su caso, Ahumada Kurtz no podrá ser aprehendido por la FGJCDMX, pues cuenta con un amparo emitido por el juez Erick Zabalgoitia, del Decimocuarto Distrito de Amparo en Materia Penal, contra toda acción penal.
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¿Por qué podría ir a la cárcel Carlos Ahumada?
Asimismo, la orden de aprehensión, librada en la CDMX por un juez a petición de la fiscalía capitalina, considerándolo prófugo de la justicia, tiene como objetivo hacer que cumpla con una sentencia de cinco años por el delito de fraude genérico, del que se le acusó en 2004, y por el que incluso se le extraditó desde Cuba.
Sin embargo, el conflicto actual está en que, en 2008, tras alrededor de tres años encarcelado, a Ahumada Kurtz un juez lo halló inocente, por lo que obtuvo su libertad y salió del país de regreso a su natal Argentina.
En 2009 un tribunal revisó el caso a petición de la fiscalía local, revocando la absolución y sancionándolo por fraude, con una sentencia de cinco años de cárcel y dos multas de 22 mil 620 pesos por fraude genérico y fraude genérico continuado a las entonces delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac.
La justicia capitalina lo busca desde 2019 por haber dejado el país entre su absolución y la revisión, sin cumplir la condena, de la que le restarían poco menos de dos años, luego de que estuvo más de tres años preso durante el proceso en su contra.
Además del tiempo en prisión, la FGJCDMX también quiere que el empresario de doble nacionalidad, argentina y mexicana, realice la reparación del daño por los 30 millones de pesos que, según el tribunal, defraudó a las dos alcaldías capitalinas.