Jueces que buscan votos comprometen independencia judicial: Norma Piña, en exclusiva
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, concede una entrevista exclusiva a Uno TV.
La primera mujer en encabezar el Máximo Tribunal del país analiza y critica la reforma al Poder Judicial, insiste en la importancia de la independencia de este poder para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el acceso a la justicia.
Advierte sobre los peligros de politizar la judicatura y alerta:
“Un juez, jueza, magistrado, magistrada o ministro y ministra que se vuelve político o que toma la matraca o se sube al templete eventualmente tendrá compromisos necesarios para conseguir los votos y ganar una elección, esta situación, a mi parecer, es absolutamente contraria a la independencia judicial a la que tenemos derecho las y los mexicanos”.
También pide a quienes serán los nuevos juzgadores ser honestos, imparciales y autónomos.
Previo a su último informe, la presidenta de la SCJN se despide con un mensaje contundente y responde a 10 preguntas clave sobre el estado de la justicia en México. Aquí la entrevista completa.
Entrevista completa, a continuación:
1.- Este 10 de diciembre, por última vez el ciudadano será informado de las labores del Poder Judicial Federal tal y como lo hemos conocido durante 30 años, ¿cuáles serían las tres razones por las que el ciudadano debería interesarse en este informe?
- Uno. El Informe anual que presenta la persona que ostenta el cargo de presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, obedece al cumplimiento de un mandato legal; es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de las labores de la judicatura federal.
- Dos. Me parece relevante que los ciudadanos escuchen de viva voz en qué se concentraron los esfuerzos de quienes integramos la judicatura federal este año. Este periodo que se informará fue uno muy particular precisamente por la reforma judicial.
- Tres. Las decisiones que se toman en la SCJN son decisiones que protegen directamente derechos humanos, decisiones que buscan el equilibrio de poderes. Conocer el trabajo de La Corte este año permitirá a la ciudadanía evaluar la forma en que el Alto Tribunal, a través de sus sentencias, incide en la vida de las y los mexicanos.
2. A lo largo de estas tres décadas, el Tribunal Constitucional ha emitido diversas sentencias en materia de derechos humanos, ¿cuáles destacaría usted por su impacto en la vida de las personas?
Amparo en Revisión 400/2020 – Interés superior de la niñez y adolescencia en procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado. Un adolescente hondureño no acompañado migró a México y solicitó la condición de refugiado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), debido a que en su país de origen sufría amenazas por parte de pandillas y vivía en un contexto de violencia familiar que ponía en riesgo su vida, libertad e integridad. La COMAR le negó dicha condición por lo que estaba en riesgo de ser deportado. Las autoridades migratorias no realizaron ninguna acción para que tuviera una representación legal adecuada, además de que las entrevistas que le realizó la COMAR no tomaron en consideración su condición de adolescente.
La Corte señaló que las autoridades tienen la obligación de garantizar el interés superior de niñas y niños que migran sin acompañantes adultos. Entre otras cosas, la Corte destacó que las autoridades deben desarrollar las condiciones adecuadas para que niñas, niños y adolescentes expresen, sin coacción ni temor a represalias, sus intereses, preocupaciones y prioridades en un entorno de confianza, confidencialidad y seguridad. Por último, la Corte precisó que las autoridades deben garantizar que su voz y deseos respecto a su representación legal sean tomadas en cuenta en las entrevistas y durante todo el proceso de determinación del estatuto de refugiado.
La resolución de la Corte establece un precedente clave en la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, al exigir representación legal especializada y procedimientos sensibles a su situación de vulnerabilidad, garantizando su acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad.
Amparo en revisión 51/2020 – Reparación integral en casos de desaparición forzada. En mayo de 2007, Edmundo y Gabriel, dos luchadores sociales de Oaxaca fueron detenidos en un operativo conjunto realizado por agentes de seguridad. Fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría local y, posteriormente, a instalaciones militares en Ciudad de México, en donde fueron vistos por última vez. A más de 17 años de su desaparición, sus familias siguen sin conocer del paradero de sus seres queridos.
La Corte conoció del caso y confirmó que la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel fue cometida con la participación de policías municipales y estatales del estado de Oaxaca, así como de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Al reconocer esta situación, la Corte desarrolló el derecho que tienen las personas desaparecidas y sus familias a ser buscadas y localizadas, y determinó, por primera vez, que cuando una persona juzgadora de amparo conozca de un asunto que involucre graves violaciones a derechos humanos, puede dictar medidas de reparación integral.
Amparo en Revisión 1064/2019. En este caso, la Corte resolvió que la esterilización femenina no consentida es una forma de violencia de género, violencia obstétrica y una forma de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una mujer fue sometida a una esterilización forzada en un hospital público en Jalisco y promovió un juicio de amparo en el cual argumentó que sufrió tratos crueles, inhumanos y degradantes toda la etapa prenatal y de parto de su embarazo, así como la esterilización forzada (Obstrucción Tubaria Bilateral, en adelante, OTB) a la que fue sujeta sin su consentimiento, con lo cual se violaron sus derechos a la integridad personal, salud, libertad y autonomía reproductiva, a un proyecto de vida, a la información y a una vida libre de violencia.
La SCJN concedió el amparo a la mujer porque en su caso no existió un consentimiento previo, libre, pleno e informado necesario para la realización de la OTB. Se determinó que el consentimiento previo informado en métodos de anticoncepción permanente es un instrumento indispensable para garantizar el derecho de las mujeres, no sólo para tomar una decisión libre y autónoma en relación con su salud sexual y reproductiva, sino también acorde a su dignidad e integridad personal.
Amparo en Revisión 267/2023. Sobre derechos reproductivos e interrupción legal del embarazo. GIRE, una organización de la sociedad civil especializada en derechos reproductivos reclamó la inconstitucionalidad del delito de aborto previsto en el Código Penal Federal por atentar contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación, así como a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. En septiembre de 2023, la Corte resolvió que las organizaciones civiles como GIRE sí pueden combatir normas que vulneran derechos humanos y que limitan el acceso a servicios de salud reproductiva. Asimismo, declaró inconstitucional la penalización de forma absoluta de la interrupción del embarazo durante las primeras semanas.
3. Durante los últimos años y particularmente en el marco del debate sobre la reforma al Poder Judicial Federal, los juzgadores federales señalaron que fueron injustamente acusados de actos de corrupción, nepotismo, dejar en libertad a los criminales, ganar sueldos muy elevados, gozar de privilegios, ¿si usted pudiera hacer justicia a la imagen de los juzgadores federales qué les diría a los ciudadanos?
Durante meses y me atrevería decirte que inclusive durante años, las personas juzgadoras federales del país fuimos objeto de narrativas falsas, injustas y hasta violentas para denostar nuestro trabajo. Nos encontramos frente a un típico caso de posverdad en el que la apelación a creencias o emociones tiene más influencia en la formación de la opinión pública que los hechos objetivos y las pruebas. Esta situación sin duda ha mermado la confianza de la ciudadanía en las y los juzgadores federales esto, con el fin de construir el ambiente propicio para justificar lo que ahora conocemos como reforma al Poder Judicial.
Así lo que yo les diría a las y los ciudadanos, sin temor a equivocarme, es que la mayoría de las personas juzgadoras así como de quienes integran la judicatura federal —actuarios, secretarios, oficiales, etc.— son mexicanas y mexicanos honestos, competentes, comprometidos con su país y con su trabajo que hacen su mejor esfuerzo para impartir justicia. Sin duda el sistema y quienes lo integramos no somos perfectos, sin embargo, una revisión de las sentencias emitidas no sólo por la SCJN, sino por Tribunales y Juzgados es la mejor demostración del trabajo del Poder Judicial Federal.
Por lo que hace a la Suprema Corte, en el ámbito administrativo, le puedo informar que emprendemos acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, para prevenir y combatir faltas administrativas y actos relacionados con conductas ilegales o actos de corrupción. Recientemente la Auditoría Superior de la Federación al revisar el ejercicio del presupuesto de la Suprema Corte en 2023 no determinó ninguna observación ni recomendación.
4. Este último año, sin duda será retomado por los libros por su trascendencia en el derecho de acceso a la justicia, ¿qué debería rescatar la historia?
Considero que el análisis que se realice del estado que guarda el derecho de acceso a la justicia en México debe partir, precisamente, de la forma en la que hoy se garantizan los derechos de las y los mexicanos. Es decir, para poder analizar los impactos de la reforma judicial habremos de tomar como punto de partida las sentencias, los criterios jurisprudenciales que hoy rigen la protección de derechos.
Estimo que este año será recordado por la lucha que dimos los servidores públicos en contra de la implementación de la reforma al Poder Judicial Federal. Por primera vez en la historia de nuestro país, las personas juzgadoras salieron a las calles a expresar su sentir por una decisión que consideramos afecta la independencia judicial y la división de poderes.
Se dice que los juzgadores hablan por sus sentencias y así es, pero en esta ocasión tuvimos la necesidad de expresarnos públicamente, en las calles, en los medios de comunicación, para defender los derechos y libertades de todos los mexicanos.
5. A lo largo de este año y en el marco del debate sobre la reforma, se abordó la relevancia de la independencia judicial. ¿En palabras llanas por qué es importante para las personas que buscan justicia la independencia de los juzgadores?
La independencia judicial implica que el juzgador pueda decidir de forma imparcial y objetiva; es decir, que cuando tenga que decidir el sentido de un caso se remita a los hechos y al derecho y no tenga ninguna presión, amenaza o influencia externa o de la propia judicatura que le impida tomar una decisión de este tipo. Y esta condición de independencia de los juzgadores muchas veces se ve como un “privilegio” de quienes ejercemos la función, pero en realidad es un derecho de los justiciables como bien dices.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre muchos otros instrumentos internacionales, establece que todos tenemos derecho a un tribunal independiente e imparcial. Es una garantía indispensable para la protección de los derechos humanos.
Ahora, para que exista la independencia de la judicatura, es necesario que se prevean ciertas garantías para los juzgadores. Por ejemplo, un adecuado sistema de nombramiento es uno de los elementos esenciales. Es en este sentido que me he pronunciado reiteradamente en el sentido de que la elección popular de los juzgadores —a diferencia de lo que pasa con la carrera judicial y los exámenes de oposición— provoca que quienes quieran ostentar el cargo hagan “promesas de campaña” para lograr sus votos. Un juzgador nunca debiera comprometerse a nada con nadie más que al cumplimiento de la ley y la Constitución.
6. En el documento Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas, la SCJN y el CJF señalan que el “el sistema de justicia, en todas sus etapas y niveles, ha sido incapaz de procesar con suficiente calidad, empatía y eficiencia el dolor, las palabras y las demandas de quienes exigen del Estado soluciones justas y reparaciones posibles”, ¿cuál sería la propuesta central y el mayor desafío para cambiar esa realidad?
La realidad no es fácil de enfrentar, pero las podemos explicar de la siguiente manera:
Uno. Si queremos mejores políticas públicas de seguridad y justicia, tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas, particularmente, en los derechos de las víctimas. Los tribunales, su integración y su funcionamiento, definitivamente no son un elemento esencial en la experiencia de los usuarios de los sistemas de seguridad y justicia.
Segundo. Las personas desconfían de las autoridades, pero las autoridades también desconfían de las personas y de las otras autoridades. Tenemos un sistema basado en la desconfianza, por lo que debemos fomentar la confianza. Es imperante dejar atrás las políticas públicas de escritorio que sólo apuntan a que alguien más es el responsable de lo que ocurre.
Tercero. A las personas el derecho les parece distante, formal y complejo. Academia, abogados, integrantes de la sociedad civil, funcionarios públicos y juzgadores debemos comunicarnos con las personas de manera eficaz y sencilla.
Agregaría que de febrero de 2024 a julio en la Corte llevamos a cabo 14 Encuentros para una Agenda de Seguridad y Justicia. No fue un soliloquio sino que escuchamos de viva voz a los ciudadanos en los problemas que enfrentan diariamente para acceder a la justicia. Había policías, jueces, madres buscadoras, representantes de la comunidad LBGTQIII+, académicas, de todos los ámbitos. Tenemos todo un micrositio con el resumen de lo que ahí se dijo.
Tuvimos más de 80 propuestas que buscan cambios necesarios, pero a todo el sistema de seguridad y justicia. Los asistentes encontraron 552 problemas… ¡552!
Y no sólo eso, también dimos a conocer otros documentos para analizar el problema desde una visión más amplia para una reforma integral que realmente garantizara el acceso a la justicia, con un Poder Judicial independiente. Un verdadero diagnóstico, porque como usted recordará que el representante del gobierno mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la reforma judicial en curso no partió de un diagnóstico. En fin, todo eso ahí está, sin embargo, nuestras propuestas fueron ignoradas.
7. Usted ha sido la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, ¿con qué palabras y hechos quisiera ser recordada?
La sociedad se irá haciendo su propio juicio, a partir de lo que hice en más de tres décadas de carrera judicial, en los proyectos de sentencia que propuse y que fueron avalados por mis pares. Mis decisiones son públicas.
También es cierto que las personas recordarán que soy la primera mujer que presidió el Máximo Tribual del país. Al respecto siempre he sostenido, en contra de lo que se dice comúnmente que, cuando llega una, no necesariamente llegamos todas. No llegaron las víctimas de feminicidio; ¿qué hay de aquellas que no llegan a decidir su proyecto de vida en libertad e igualdad por la pobreza o la violencia que no las deja? Así es que yo desde el primer día más bien lo que me propuse es pensar con aún más consciencia en aquellas que, a diferencia de mí, no han llegado y desde ahí trabajar arduamente por garantizar de mejor manera los derechos de las mujeres. Desde la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte nos concentramos, por mencionar algunos, en un programa de justicia penal y género, a través del cual escuchamos a las mujeres para identificar los principales retos a los que se enfrentan en el sistema penal. También trabajamos en la perspectiva de género en el derecho civil y familiar a través de la capacitación sobre los nuevos desarrollos en el derecho de familia.
Dejo el cargo como presidenta de la Corte en septiembre del próximo año, cuando debería terminar hasta el año 2027, seguramente mi respuesta habría sido muy distinta si se cumplieran los tiempos por los que fui propuesta. Y en este contexto, la frase de mi segundo informe de labores es “por tus derechos y libertades defendemos la democracia”. Este año en especial fue de defensa de la democracia, de defensa de la independencia judicial, de defensa de un Poder Judicial imparcial e independiente.
8. ¿Cuál sería su mensaje para los nuevos juzgadores?
Que trabajen con honestidad, de manera imparcial y autónoma, sin presiones internas o externas. Que sean leales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que sean leales al país, a las mexicanas y a los mexicanos y a sus principios y valores. No hay más.
9. ¿Es realmente factible la impartición de justicia con juzgadores atendiendo intereses político-electorales?
Como decía yo hace un momento, la labor de un juzgador es guardar y hacer guardar la Constitución, proteger los derechos de la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia. Un juez, jueza, magistrado, magistrada o ministro y ministra que se vuelve político o que toma la matraca o se sube al templete eventualmente tendrá compromisos necesarios para conseguir los votos y ganar una elección, esta situación, a mi parecer, es absolutamente contraria a la independencia judicial a la que tenemos derecho las y los mexicanos.
10. ¿Qué mensaje les daría a los ciudadanos a la hora de ir a las urnas a votar por sus nuevos juzgadores?
No tengo ningún mensaje al respecto.
