Para impedir que los “insensatos irresponsables y corruptos” ministros de la Suprema Corte cancelen las obras prioritarias en el sureste mexicano, se emitió un nuevo decreto para declarar el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec asuntos de seguridad nacional e interés público, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Asimismo, este viernes, durante su conferencia mañanera, AMLO refirió que la publicación emitida el jueves en la emisión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) busca proteger como asuntos de seguridad nacional de decisiones arbitrarias, asegurando que no tiene nada que ver con ocultar información, pues agregó que sí se informará sobre lo que se hace y cuánto se gasta.
“El que se reserve una obra de éstas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar, pero engañaron y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo acerca de nosotros aunque sea mentiras […] entonces no hay ninguna disposición legal para negar información, pero es parte de la propaganda en contra decir ‘no quieren que se sepa nada’, no”
Andrés Manuel López Obrador / presidente de México
Mientras que aceptó que la publicación fue en respuesta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del mismo 18 de mayo con la que invalida el decreto del 22 de noviembre de 2021 declarando “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
A la par, AMLO aseguró que tanto el del jueves como el de 2021 son para evitar que los amparos afecten el desarrollo de los proyectos, pues agregó que ha un despacho jurídico financiado por el gobierno de Estados Unidos que se ha encargado de la mayoría de los recursos contra el Tren Maya, recalcando que son infundados y sólo buscan afectarlo, al haber sido fundado por Claudio X. González con la participación del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont.
“Tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, y tenemos que blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados por el capricho de estos fifís corruptos, entonces tomamos la decisión, el Consejo de Seguridad Nacional, de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público, y eso fue lo que se hizo ayer”
Andrés Manuel López Obrador / presidente de México
Además, en una de las diversas ocasiones en que el presidente tocó durante su conferencia el fallo de la Suprema Corte y los mensajes entre los titulares de la Corte, Norma Piña, y del Senado, Alejandro Armenta, también afirmó que la ministra presidenta contrató a Sonia Vargas Terrero, exdirectora de recursos materiales de la extinta Policía Federal cuando estaba dirigida por Genaro García Luna, para ocupar la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Razón por la que, dijo, también debe proteger las obras como el Tren Maya, que buscan revitalizar al sureste mexicano, además, de devolver el impulso al sector ferroviario que tuvo durante las administraciones de Benito Juárez y Porfirio Díaz, cuando la mayor parte del país estaba conectado por sus vías.
Decreto, sólo para obras de transporte
Por otra parte, destaca que el decreto publicado este jueves únicamente abarca el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, así como los de Chetumal y Tulum, Quintana Roo, mientras que el de 2021 cubría todos los “proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura”.
Además de que mientras el primero se justificaba en “garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”, el nuevo apela al impacto y ubicación de los proyectos para la conectividad y desarrollo del país, así como la defensa ante ataques al Estado y a la seguridad nacional.
En tanto que los ministros de la Suprema Corte resolvieron que el decreto inicial violaba el “derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para su salvaguarda”, por lo que sólo pueden ser reservados temporalmente y en los términos de ley.
