Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue inhabilitado por 10 años, informó la Secretaría de la Función Pública.
La dependencia comandada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, denunciada por el PAN por presuntas faltas administrativas, detalló que el también excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18 millones 300 mil pesos.
A través de un comunicado, la secretaría federal destacó que Alfredo Castillo “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”
Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, Alfredo Castillo, ya fue notificado de la sanción que deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial y que le impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Este procedimiento sancionador contra Alfredo Castillo es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló que la nueva ética pública se basa en la “transparencia y estricta legalidad”
“La nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”,
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública.
Y resaltó que la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de Alfredo Castillo en sus declaraciones presentadas ante dicha dependencia.
