Foto: UNICEF/Adriana Zehbrauskas
En el contexto por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y el confinamiento en el que viven muchas familias, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que las mujeres y las niñas siguen contándose entre las principales víctimas de trata en el mundo y destacó el creciente uso de las redes sociales para involucrarlas en ese delito.
En ese sentido, los expertos aseguraron que resultan ineficientes las leyes y políticas nacionales e internacionales contra el tráfico de personas para detener ese fenómeno, particularmente porque éste se sumerge en medios del “espacio virtual”.
Traficantes se valen de las redes sociales
Explicaron que los tratantes usan las redes sociales y diversas aplicaciones de mensajería para llegar a sus posibles víctimas; una vez teniéndolas, las reclutan para luego explotarlas sexualmente.
De acuerdo con un documento de la ONU, el CEDAW considera “alarmante” el papel que los medios han otorgado a los reclutadores durante los periodos de confinamiento debidos a la pandemia, puesto que los traficantes no han podido llegar hasta sus posibles presas con sus métodos tradicionales, que implican un contacto más directo y personal.
“La pandemia ha revelado la urgencia de analizar el uso de la tecnología digital en la trata y de cómo aprovechar esa tecnología para combatir el delito”.
Dijo Dalia Leinarte, integrante del comité
Los expertos dirigieron a las compañías de redes sociales y mensajería un llamado a implementar controles para mitigar el riesgo de exposición de las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual. También les pidieron que usen sus datos para identificar a los traficantes y a los individuos ligados a la demanda de mujeres y niñas. Según el CEDAW, combatir la trata implica desalentar la demanda.
A los gobiernos, por otro lado, los conminaron a abordar las causas que empujan a las mujeres y las niñas a caer en situaciones de alta vulnerabilidad.
En este sentido, consideraron que los Estados deben movilizar recursos públicos y fortalecer los servicios en las áreas que apoyan el alcance de la igualdad de género, la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas y el respaldo del desarrollo sostenible para reducir los factores de riesgo que propician la trata.
