La dirigente birmana Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de estado militar del 1 de febrero, comparece este jueves ante la justicia, al día siguiente de que la enviada de la ONU para Birmania advirtiera del riesgo de una “guerra civil” y de un “baño de sangre inminente” en el país.
Más de 530 personas, entre ellas numerosos estudiantes, adolescentes y niños, murieron víctimas de la represión de las manifestaciones contra el golpe, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
Centenas de personas han sido detenidas y muchas se encuentran desaparecidas, indicó la AAPP.
La represión de los civiles enardeció a la veintena de grupos étnicos armados que hay en Birmania, algunos de los cuales lanzaron ataques contra la policía y el Ejército respondió con bombardeos.
Aung San Suu Kyi, que gobernaba de hecho el país hasta el golpe de estado, debe declarar por videoconferencia ante un tribunal de Naipyidó, la capital birmana.
Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, “parece encontrarse en buen estado de salud”, dijo el miércoles uno de sus abogados, Min Min Soe, tras hablar con ella por videoconferencia.
La audiencia de este jueves será, en principio breve y dedicada a cuestiones de procedimiento.
Temen guerra civil
Existe la posibilidad “de una guerra civil a un nivel sin precedentes”, declaró el miércoles Christine Schraner Burgener, enviada de la ONU para Birmania durante la reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Insto a este Consejo a considerar todos los medios a su disposición para tomar medidas colectivas y hacer lo que sea necesario, lo que merece el pueblo birmano, para evitar una catástrofe multidimensional en el corazón de Asia”, añadió.
Los 15 integrantes del Consejo de Seguridad no pudieron superar las divisiones. Estados Unidos y el Reino Unido defendieron la propuesta de que la ONU aplique sanciones a la junta militar.
China, aliado tradicional de las Fuerzas Armadas birmanas, rechazó esa idea aunque llamó a “volver a una transición democrática”.
Mientras, los generales birmanos siguen adelante con la mortífera represión de las manifestaciones y persiguiendo jurídicamente a Aung San Suu Kyi, de 75 años de edad.
Suu Kyi está procesada por cuatro cargos entre ellos el de “incitación al desorden público”.
También se la acusa de haber recibido sobornos, pero todavía no ha sido “inculpada” por corrupción.
Suu Kiy podría ser condenada a varios años de cárcel y quedar proscrita para siempre de la vida política.
