El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado este jueves en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar una pena de cadena perpetua.
Un Beechcraft de doble turbohélice de la agencia antidrogas estadounidense despegó desde una base de la Fuerza Aérea Hondureña a las 14:27 locales (20H27 GMT) con Juan Orlando Hernández a bordo, esposado y custodiado.
En medio de un fuerte despliegue de seguridad, dejó la prisión que ocupaba desde mediados de febrero, el cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía, conocida como Los Cobras, en el este de Tegucigalpa. Fue trasladado en helicóptero hasta una base aérea de la Fuerza Aérea Hondureña en Toncontin, sur de la capital.
Al descender estuvo flanqueado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y un grupo de mandos policiales. En un edificio de la base aérea aguardó la llegada del avión de la DEA que luego lo llevó rumbo a Estados Unidos.
“Soy inocente y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta…(…) la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte”,
Afirmó el exgobernante de 53 años, en un video difundido este jueves por la prensa local.
“Saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz, dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, esos villanos, ahora quieren ser héroes”, añadió.
Juan Orlando Hernández será juzgado en Nueva York
En un comunicado, la familia del expresidente de Honduras anunció que contrataron en Nueva York a los abogados Raymond Colón y Daniel Pérez para que asuman su caso y sean en adelante los portavoces del proceso.
La familia de Juan Orlando Hernández reiteró la “inocencia” del expresidente y lo consideró “víctima de la venganza de los narcotraficantes que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos“.
Según ha argumentado el expresidente, capos del narcotráfico que su gobierno ayudó a extraditar buscan acuerdos con la fiscalía estadounidense para reducir sus penas y, “con base en mentiras”, lo acusan de cometer actos reñidos con la ley de ese país.
