Steve Bannon, asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, fue imputado el viernes por negarse a declarar ante el comité del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio, anunció el Departamento de Justicia.
El exasesor, de 67 años, fue demandado por negarse a testificar y remitir documentos a la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el papel del expresidente republicano en el ataque de sus simpatizantes a la sede del Congreso que dejó cinco muertos.
A pesar de su citación a mediados de octubre, Bannon no compareció ante los legisladores invocando el derecho de los presidentes de Estados Unidos a mantener la confidencialidad de ciertos documentos y discusiones.
Pero según la comisión, esta protección no se aplica porque Trump ya no es presidente y nunca ha hecho valer oficialmente ese privilegio del Ejecutivo.
“Nadie está por encima de la ley”, afirmaron el presidente y la vicepresidenta del organismo, Bennie Thompson y Liz Cheney, respectivamente, en un comunicado.
La comisión afirma que Bannon tiene información relevante para comprender cómo se produjo el ataque en el que murieron cinco personas.
Apuntó a su presencia el 5 de enero en actividades enfocadas a bloquear la certificación por el parlamento de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, cuando dijo: “Mañana se va a desatar el infierno”.
Batalla legal
Bannon fue uno de los artesanos de la campaña presidencial victoriosa del candidato republicano en 2016, antes de caer en desgracia.
No ocupaba ninguna función oficial el 6 de enero, pero al parecer habló sobre la protesta con el presidente en los días anteriores, según la comisión de investigación.
Adam Kinzinger, uno de sus integrantes, dijo en CNN que los comentarios de Bannon y su conexión con los activistas pro Trump cerca de la Casa Blanca justo antes del ataque sugieren que “parece haber sabido que algo iba a suceder”.
“Desde mi primer día en el cargo, he prometido al Departamento de Justicia que juntos demostraríamos al pueblo estadounidense que el departamento se adhiere al estado de derecho, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
“Los cargos de hoy reflejan el firme compromiso del departamento con estos principios”.
Merrick Garland, fiscal general
El exasesor presidencial se enfrenta a entre 30 días y un año de prisión por cada cargo y será juzgado en un tribunal federal.
La batalla legal podría llevar de todas maneras meses o años, lo que podría socavar la investigación.
Otro allegado a Trump, su exjefe de gabinete Mark Meadows, también rechazó una citación el viernes para comparecer ante la comisión de investigación, de mayoría demócrata.
La defensa de Meadows invocó una decisión judicial anunciada el jueves, que suspende temporalmente hasta el 30 de noviembre la transmisión de documentos internos de la Casa Blanca a la comisión.
El expresidente había invocado el derecho presidencial a mantener en secreto determinadas informaciones.
La comisión de investigación respondió en un comunicado que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, ya había autorizado la divulgación de los documentos y que, por lo tanto, Meadows tenía la obligación de testificar, advirtiendo al exjefe de gabinete de que él también podría estar incurriendo en desacato al Congreso.
