El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, señaló que Donald Trump creó una “falsa expectativa” sobre su posible detención, mismo a quien investigan por el supuesto pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels.
En una carta enviada, tres congresistas republicanos, entre ellos el presidente de Comisión de Justicia, Jim Jordan, acusaron a Alvin Bragg, un demócrata, de persecución política, luego de que el exmandatario de Estados Unidos dijera que sería detenido el pasado martes 21 de marzo.
“Es una investigación sin precedentes sobre un proceso local pendiente. La carta se produjo después de que Donald Trump creara una falsa expectativa de que sería detenido (…) y sus abogados tuvieron que intervenir. Ninguno de los dos hechos constituye una base legítima para la investigación del Congreso”.
Leslie Dubeck, asesora general de la oficina del fiscal de Manhattan
Donald Trump dijo que sería arrestado en Manhattan
Donald Trump anunció a través de su plataforma Truth Social que sería detenido, desatando un frenesí mediático, además de convocar a protestas masivas, poniendo en máxima alerta a las autoridades de Nueva York, quienes colocaron vallas frente a la oficina de Alvin Bragg, en el sur de Manhattan.
El gran jurado, encargado de votar si se acusa o no al expresidente de Estados Unidos, no tenía previsto reunirse, por lo que aún se desconoce si habrá alguna inculpación, en caso de que llegara a ocurrir.
¿Por qué es investigado el exmandatario de EU?
Donald Trump, de 76 años, que aspira a llegar de nueva cuenta a la Casa Blanca en los comicios electorales de 2024, podría convertirse en el primer exmandatario estadounidense en ser inculpado por la justicia.
La fiscalía de Manhattan investiga el pago de 130 mil dólares que hizo el republicano a la actriz porno Stormy Daniels, en la recta final de la campaña presidencial de 2016, para comprar su silencio sobre una posible relación que habrían mantenido 10 años antes, algo que el magnate siempre ha negado.
El entonces abogado de Donald Trump, Michael Cohen, que declaró ante el gran jurado, aseguró que hizo el pago en nombre de su entonces jefe, quien después se lo reembolsó.
En caso de que el pago no haya sido debidamente acreditado, podría resultar un delito menor por falsificación contable, mismo que supone una violación a la Ley de Financiamientos de la Campaña Electoral, que conlleva a 4 años de cárcel, según los expertos.
