Ante las amenazas de destitución por parte del Congreso, donde se lo acusan de corrupción en contratos de transporte de petróleo, este miércoles el presidente Guillermo Lasso ordenó “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”.
Asimismo, el mandatario de derecha pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones generales anticipadas, por lo que, según la Constitución, el organismo tiene como plazo siete días dese la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, para convocar a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años.
“Es una decisión democrática no sólo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, afirmó Guillermo Lasso en cadena nacional.
Mientras que el decreto se da tras la comparecencia del presidente el martes ante la Asamblea Nacional, a donde acudió para defenderse de las acusaciones por continuar con un contrato firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a los informes de que era lesivo para el Estado.
Y es que dicho contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares, mientras Lasso aseguró que en 2022 presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigara el caso, toda vez que no ha sido proceso por ningún delito por la justicia.
Ante la medida, esta mañana la sede parlamentaria amaneció bajo resguardo militar, mientras que el Palacio de Carondelet, sede del gobierno federal, estaba custodiado por algunos uniformados.
“Las fuerzas armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución”, expresó el general Nelson Proaño, jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas ecuatorianas, en un video difundido por el ministerio de Defensa.
El futuro ecuatoriano, en las urnas
En ausencia de la Asamblea Nacional, con el decreto emitido este miércoles por Guillermo Lasso, el presidente puede continuar gobernando hasta la renovación del Congreso, así como expedir decretos-leyes de urgencia económica que previamente hayan sido dictaminados favorablemente por la Corte Constitucional.
Mientras que ésta es la primera vez que un mandatario aplica la “muerte cruzada”, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato, luego de que en junio de 2022 la Asamblea intentó destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
“Sin bloqueos el gobierno expedirá una serie de decretos ley que cumplirá con el mandato soberanamente expresado por ustedes”, señaló el presidente, quien tenía una minoría en el Legislativo.
En su mensaje, Lasso expresó que decidió disolver la Asamblea Nacional “para dar una salida constitucional al Ecuador”, un país que durante años tuvo fama de ingobernable, toda vez que este miércoles continuaría el debate legislativo sobre el juicio político contra Lasso, con el que se definiría si se votaba su destitución, pero el mandatario se anticipó y decretó la “muerte cruzada”.
“Esto no es fiscalización, es una obstrucción que ha generado una grave crisis y conmoción interna”, señaló Lasso, quien sostiene que el juicio en su contra es “contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo”.
Entre 1997 y 2005 tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados en medio de revueltas populares.
La medida es similar a la que aplicó en diciembre el expresidente Pedro Castillo en Perú, donde buscó evitar la destitución disolviendo el Congreso, en una acción que lo llevó a ser aprehendido por la Policía Nacional tras ser removido por el Parlamento, toda vez que no aplicaba en su caso la disolución, supliéndolo su vicepresidenta, quien se encarga de la organización de las elecciones generales adelantadas.
