Pete Arredondo, oficial a cargo de coordinar la respuesta policial al tiroteo de Uvalde, Texas, en donde murieron 19 niños y dos profesores en un tiroteo en una escuela, fue despedido el miércoles, según medios estadounidenses.
La junta escolar de Uvalde votó de manera unánime por terminar el contrato del jefe de policía del distrito, Pete Arredondo, informó el Texas Tribune.
El jefe de seguridad pública del estado había dicho anteriormente que Arredondo “antepuso la vida de los funcionarios a la de los niños” y tomó “terribles decisiones” en medio del tiroteo.
La masacre de Uvalde, ocurrida en la Escuela Elemental Robb el 24 de mayo, es el peor tiroteo masivo registrado en el país en una década.
La policía estuvo bajo un intenso escrutinio por su manejo de la situación, ya que más de una decena de oficiales esperaron alrededor de una hora afuera de los salones de clases en donde ocurría el tiroteo y posterior masacre de los niños antes de entrar a las aulas y abatir al agresor.
¿Qué pide el oficial que coordinó respuesta policial a tiroteo de Uvalde?
Arredondo, suspendido en junio mientras avanzaba la investigación, pidió más temprano el pasado miércoles que se levantara la suspensión, por medio de un comunicado de su abogado.
“El jefe Arredondo no participará en su propio linchamiento público, ilegal e inconstitucional, y solicita respetuosamente a la junta su reinstalación inmediata, con todos los pagos y beneficios atrasados, y que archive la denuncia por considerarla infundada”, indicó el abogado George Hyde en un comunicado.
El mes anterior, legisladores texanos criticaron en un informe que entre el momento en que llegó un primer oficial al lugar y la muerte del agresor transcurrieron 73 minutos, un “periodo de tiempo inaceptablemente largo”.
“La falta de liderazgo puede haber contribuido a la pérdida de vidas”, señalaron.
Estados Unidos ha sufrido en los últimos meses numerosas y brutales masacres por tiroteos.
En junio, congresistas estadounidenses aprobaron la primera normativa importante para el control de armas en casi 30 años, menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo reforzara el derecho constitucional a portar armas.
