El Parlamento de España aprobó definitivamente este jueves la ley de amnistía a los independentistas catalanes encausados por la tentativa fallida de secesión de la región española en 2017.
Estas son las claves de esta ley que causa profunda división en España.
¿A quiénes beneficia la ley de amnistía a independentistas catalanes en España?
Esta ley busca revertir “la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista” en Cataluña. En particular, la consulta simbólica del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia del 1 de octubre de 2017.
Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, en los próximos días, se podrán anular sentencias o suprimir los procesos iniciados contra cientos de activistas y dirigentes implicados en lo que fue una de las crisis políticas más graves de la España moderna.
Unas 400 personas se podrán beneficiar, según el Ministerio de Justicia. Entre ellas Carles Puigdemont, que lideró el intento de secesión de 2017 cuando era presidente regional.
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Periodo cubierto
La ley abarca los acontecimientos ocurridos entre “el 1 de noviembre de 2011, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023″.
En un primer momento el plazo era menor, pero los separatistas insistieron en incluir los dos últimos meses de 2011. Preámbulo de un proceso que tuvo uno de sus puntos álgidos en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, que no tuvo efectos prácticos.
Delitos amnistiados
Para “garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley”, el texto enumera los delitos amnistiados, que van desde la organización del referéndum hasta las reuniones preparatorias, pasando por la participación en manifestaciones contra la persecución de los responsables.
Uno de los aspectos más sensibles, que obligó a reabrir las negociaciones después de un rechazo inicial de los independentistas al texto a finales de enero, es la referencia al terrorismo.
El partido de Carles Puigdemont, fuera de España desde 2017 para evadir la justicia, consideraba que la primera versión no ofrecía las garantías necesarias para proteger a todos los afectados, empezando por su líder.
A finales de febrero, un mes después del fracaso de esa primera votación, el Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación por terrorismo contra Puigdemont por los disturbios que se vivieron en Cataluña en 2019.
Para evitar que sea anulada por el Tribunal Constitucional español o el Tribunal de Justicia Europeo, la nueva versión ha eliminado la referencia al Código Penal español y ha tomado como único criterio el derecho europeo. En este caso la Directiva Europea de 2017 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tienen un concepto diferente de la noción de terrorismo.
Plazo de aplicación en España
Una vez promulgada la ley y remitido el asunto a los tribunales, éstos dispondrán de un plazo máximo de dos meses para ordenar “la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiarias de la amnistía que se hallaran en prisión“. Y para dejar sin efecto “las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”.
Pero también podrían consultar al Tribunal Constitucional español o a la justicia europea si la ley se ajusta a derecho, lo cual demoraría considerablemente la aplicación de la amnistía.
Justificación de la amnistía
La aplicación del Estado de Derecho, “en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”. Por lo que es necesario dar “un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador”, afirma el texto.
Presentada desde el principio como una herramienta para la reconciliación, esta ley es sobre todo vital para el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez. Ya que era la condición que le impusieron los diputados independentistas catalanes para apoyar su investidura e iniciativas parlamentarias.
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