El expresidente de Guatemala, Otto Pérez, fue condenado por un tribunal, el miércoles 7 de diciembre, a 16 años de prisión inconmutables por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas, lo que lo llevó a renunciar en 2015.
“Es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera”.
Irma Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió la exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude. Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
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“El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito“, explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que, sin embargo, admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Otto Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario aseguró antes del fallo que estaba con “fe y esperanza” de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
“Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado. ¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?”.
Otto Pérez, en declaraciones a la prensa.
Otto Pérez, involucrado en caso de evasión fiscal
El caso que involucra a Pérez, conocido como “La línea”, consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3.5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia, fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
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El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un “campeón anticorrupción” por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada “Lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
Juicio contra exfuncionarios guatemaltecos, un hito: analistas
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta “un hito” en la historia judicial de esta nación centroamericana.
“El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad”.
Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
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A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será “una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores”.
“La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015″, escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
