“El caso de Victoria es mucho peor de lo que esperábamos”: Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pide castigo por muerte de Victoria. Foto: Twitter/@nayibbukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió al Gobierno de México que se castigue a los responsables de la muerte de Victoria, la mujer que falleció este fin de semana a manos de policías de Tulum, en Quintana Roo, al ser sometida por alterar el orden público.

A través de Twitter, el mandatario salvadoreño subrayó que el caso de Victoria es “mucho peor de lo que se piensa”, y sentenció que los policías responsables de haberle causado la muerte deben ser acusados de misoginia, agresión y asesinato.  

“El caso de Victoria es MUCHO PEOR de lo que pensábamos. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y debe haber varios cargos de misoginia y agresión (aparte del asesinato). Daremos seguimiento a este caso, hasta que se haga JUSTICIA”.

Escribió.

En esa mima red social, Nayib Bukele dijo estar seguro de que el Gobierno de México aplicará “todo el peso de la ley en contra de los responsables del asesinato de Victoria”.

“Estoy seguro de que el Gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Somos pueblos hermanos, personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso. Mi pésame para la familia de Victoria, sobre todo a sus dos hijas, a quienes les daremos toda la ayuda posible”.

Agregó.

Quintana Roo inicia carpeta de investigación por asesinato de Victoria  

La Fiscalía de Quintana Roo inició este lunes una carpeta de investigación relacionada con el homicidio en agravio de la mujer salvadoreña. Mientras que los policías municipales que participaron en los hechos son investigados.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo informó que ya presentó una queja de oficio contra los agentes de seguridad pública de Tulum por “violaciones al derecho humano a la vida”.

Agregó que, aunque aún se tiene que realizar la investigación correspondiente, “es lamentable y condenable cualquier privación de la vida, más aún cuando se trata de personas que constitucionalmente tienen la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos”.

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