La Defensoría Pública Federal informó, a través de un comunicado, que el Tribunal Colegiado accedió al amparo interpuesto por la jueza Angélica Sánchez Hernández para que lleve su proceso legal en libertad.
La liberación fue realizada el día de ayer, 12 de julio, tras llevar a cabo la sesión para resolver el recurso de queja de la jueza Sánchez.
Cabe resaltar que la reunión se llevó a cabo de manera privada, por lo que tanto defensores públicos como periodistas salieron del recinto legal.
En dicha sesión, se aprobó la queja promovida, ya que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado consideraron en unanimidad como “desproporcionada” la medida de prisión preventiva hacia la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez.
En el comunicado, la Defensoría Pública Federal, órgano que supervisó el caso de la jueza, detalló que la medida cautelar interpuesta por el juez de control Roberto Santos Maldonado fue revocada.
Dicha medida privó de la libertad a la jueza Angélica Sánchez desde el 17 de junio del presente año.
Debido a la resolución restitutiva, el Segundo Tribunal Colegiado solicitó al juez de control imponer una nueva medida cautelar a la acusada.
[PUEDES LEER: Detienen a jueza Angélica Sánchez en CDMX por supuesto tráfico de influencias]
La medida que se interponga contra la jueza Angélica Sánchez debe ser justificada; cabe señalar que ésta no debe privarla de su libertad nuevamente.
El Tribunal solicitó de manera urgente la interposición de la medida, y se espera que en los próximos días sé dé a conocer la decisión del juez.
Anteriormente, Ricardo Aguilar Rodríguez, abogado de la jueza Angélica Sánchez, comentó a medios locales que apelaría la vinculación a proceso a nivel local.
Asimismo, señaló que promovería un amparo ante las autoridades federales.
Debido a que ninguno de los dos recursos fue aprobado, el abogado presentó la queja ante el Tribunal de Boca del Río.
¿De qué delitos se le acusa a la jueza Angélica Sánchez?
La Fiscalía General de Veracruz formuló imputación en contra de la jueza Angélica Sánchez como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público.
