Tamaulipas alista más de 100 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios

Más de 100 órdenes de aprehensión están pendientes en Tamaulipas, enfocadas principalmente a exfuncionarios o proveedores, por investigaciones que apuntan hacia empresas factureras o servicios simulados.

Órdenes de aprehensión pendientes

En conferencia de prensa, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Económica (UIFE) del estado de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, dio a conocer solo algunos de los personajes que contemplan estas órdenes de aprehensión:

“Como les comenté, la Unidad (UIFE) trae pendiente de solicitar 103 órdenes de aprehensión. Dos de ellas, una fue Cristóbal “N” (exsubsecretario de Egresos) y la otra fue una semana antes, la de Carlos “N” (exalcalde de Nuevo Laredo).”

Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Económica del estado de Tamaulipas.

Tamaulipas justifica no dar todos los nombres sobre órdenes de aprehensión

“Si lo hago, violaría el principio de presunción de inocencia, número uno, y dos, los alertaríamos.”

Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Económica del estado de Tamaulipas.

Investigación y antecedentes

Previo a este informe de las órdenes de aprehensión, cabe recordar que el pasado 6 de julio, a través de un comunicado, el gobierno de Tamaulipas dio a conocer la investigación de 52 empresas que simularon prestar servicios en la administración estatal, en el periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria.

• Dichas empresas habrían sido constituidas por el mismo Notario Público en la capital de Tamaulipas.

Por su parte, la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas, del total de las 52, obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.

Ambas instituciones gubernamentales hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisión del delito de lavado de dinero, o algún otro de índole patrimonial o financiero. Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos exservidores públicos de sexenios anteriores.

También te puede interesar: