Socios conductores del servicio de transporte privado Uber en Cancún presentaron este martes una demanda de juicio político en contra de la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez; la directora de gobierno del Estado, Erika Castillo Acosta, y el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Rodrigo Alcázar Urrutia, por presuntas violaciones a la legislación local y federal, por causar perjuicio en su contra, promover un clima de ingobernabilidad, impunidad, y provocar un daño a la imagen de Cancún.
“Premeditación, alevosía y ventaja y conflicto de intereses, estas declaraciones, de que somos ilegales, omisiones en el deber del funcionario y comisión de delitos, no son resultado de la simple casualidad, el mayor agravio para el interés público es la íntima relación de los funcionarios públicos, es la relación con los sindicatos de taxistas”
Carlos Calzado Calzado, socio de Uber
Y es que, explican, dichos funcionarios, particularmente la exdiputada Erika Castillo, nombrada directora de gobierno el pasado 9 de enero de 2023, tiene un claro conflicto de interés al ser socia del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, de Cancún, en donde logró un escaño la pasada legislatura ocupando la comisión de movilidad.
“La directora ha sido parte de la campaña mediática que pretende engañar a la ciudadanía, haciendo creer que el servicio de Uber es, según sus propias palabras, aún ilegal en el Estado de Quintana Roo”.
Carlos Calzado Calzado, socio de Uber
En el caso del titular del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar, acusaron de haber nombrado a Manuel Castillo como delegado del organismo, pese a ser socio del Sindicato de taxistas de Cancún y familiar de la directora de gobierno.
“En este actuar, completamente irregular, Rodrigo Alcázar se ha negado además a cumplir con la promesa de retirar las concesiones a taxistas que violenten a los socios, socias, conductores de Uber al responder de manera irresponsable, que no actúa porque no es la autoridad encargada de impartir justicia”
Carlos Calzado Calzado, socio de Uber
Los quejosos, aseguraron, mientras tanto, que las agresiones a los socios de Uber continúan.
“En un hotel de la Riviera Maya, delante de los turistas se bajaron de un taxi de Playa del Carmen, con punta de pistola bajaron y los amenazaron, ahí porque no hubo manera, ahí no pudimos ver las caras de los turistas, pero esta situación del turismo, violentado agredido, amenazado, es todos los días”.
Águeda Esperilla Soto, portavoz de socios conductores de Uber en Cancún
La demanda de juicio político se presentó en la representación del Poder Legislativo en Cancún, en espera del trámite para su análisis.
