Una fiesta clandestina de Halloween en Tulum, Quintana Roo, terminó en tragedia este fin de semana, pues dos hombres murieron y tres personas más resultaron heridas tras una balacera que se desató en plena fiesta, según informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer que inició una carpeta de investigación tras lo sucedido en la madrugada del domingo 1 de noviembre, donde dos hombres perdieron la vida y tres más (dos del sexo femenino y un masculino) resultaron heridos durante una disputa al interior de un predio ubicado en la zona costera de Tulum-Boca Paila, en donde se llevó a cabo un evento no autorizado.
Según primeros reportes de la dependencia de justicia, en este sitio se convocó a un evento masivo de música en el que se vendieron bebidas alcohólicas, por lo que incumplía todas las normas administrativas y sanitarias derivadas de la pandemia por el SARS CoV-2.
Las investigaciones señalan que, dentro del inmueble, se encontraban elementos policiales de la FGE de Quintana Roo que, de manera ilegal, prestaban servicios de escolta a un supuesto empresario y más tarde se registró un incidente con otros sujetos, el cual desencadenó un intercambio de disparos.
- Dos hombres murieron y tres personas más resultaron heridas.
Uno de los elementos de la PDI que trabajaba de manera ilegal presenta dos lesiones por arma de fuego y se reporta fuera de peligro. El policía de la FGE que lo acompañaba está ileso.
- Ambos están bajo investigación por la Vicefiscalía de Asuntos Internos de Quintana Roo. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que trabajan como guaruras de un particular.
Las armas de fuego se encuentran a disposición del ministerio público, dos de ellas son de cargo y son asignadas para uso exclusivo de las actividades relacionadas con el desempeño de sus funciones como policías de la FGE.
Cabe señalar que el establecimiento que dio servicio sin cumplir las normas sanitarias, fue asegurado y se comienzan a tomar todas las acciones legales que se deriven de estos hechos en contra de los propietarios, organizadores y de igual forma se investigará a los servidores públicos que -por omisión o comisión- permitieron que dicho evento masivo se llevara a cabo.