En Puebla, la comunidad artística pidió resolver los conflictos en los que permanece la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y que ha dejado sin clases a los alumnos del estado ya durante varios meses. “Los estudiantes al campus y los conflictos legales a los tribunales”, señalaron diferentes figuras mexicanas como Adal Ramones y Benny Ibarra.
¿Cómo fue el llamado de la comunidad artística a resolver conflicto de la UDLAP?
Diversas cuentas en redes sociales, entre las que se incluyen organizaciones pertenecientes a la UDLAP así como alumnos y profesores de la institución compartieron un video en el que se puede apreciar a distintas personalidades de la comunidad artística entre las que destacan, periodistas, artistas, actores, críticos de cine, entre otros, quienes se unieron para pedir la liberación del campus de la universidad.
A través de un video de un minuto de duración, 15 personajes destacados el espectáculo y la cultura pidieron acabar con el conflicto que atraviesa la UDLAP desde hace siete meses para que los alumnos puedan regresar a clases presenciales:
“La Universidad de las Américas Puebla sigue cerrada, tomada por un conflicto de intereses. La realidad es que hay 10 mil estudiantes que están siendo afectados en su preparación académica, también los empleados de la universidad, las comunidades de San Pedro y San Andrés Cholula, también se han visto fuertemente afectadas porque no hay clases presenciales”.
Mira a continuación el video donde la comunidad artística pide resolver conflicto en la UDLAP.
¿Cuál es el conflicto en la UDLAP?
Fue la mañana del 29 de junio de 2021 cuando en Puebla, según testigos y usuarios en redes sociales, elementos de seguridad, policías y convoyes llegaron a las instalaciones de la Universidad de las Américas (UDLAP) en Cholula y tomaron la institución.
Luego de meses del conflicto legal, se supo que la toma de la UDLAP correspondió a un conflicto de intereses, y el intento de imponer a un nuevo patronato en la institución a partir del proceso legal que se sigue en contra de la familia Jenkins, como dicho proceso el instituto Poblano que regula en el estado a todas las fundaciones propuso a un nuevo patronato y por ello, los “nuevos patrones” acompañados de la fuerza pública llegaron a tomar las instalaciones.
En mayo de 2021 el juez sexagésimo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo y aseguramiento de cuentas en contra de la familia Jenkins que equivalen a 720 millones de dólares, como reparación del daño causado por desfalcar a la Fundación Mary Street Jenkins.
La fundación se constituyó en 1954 por William Oscar Jenkins, con la finalidad de hacer actos de caridad a través de diferentes tipos de apoyo y actos de altruismo en la ciudad de Puebla. Su fundador dispuso que sus herederos, sin ser dueños del patrimonio, para participar en el patronato sin remuneración alguna.
Cuando falleció Oscar Jenkins, sus herederos y patronos de la fundación, junto con sus abogados, sustrajeron alrededor de 14 mil millones de pesos de la institución, donando todos los bienes a otra fundación con residencia en Jalisco, que cambió su domicilio a la isla caribeña de Barbados, para finalmente establecerse en Panamá, paraíso fiscal donde los herederos del fundador se nombraron beneficiarios directos.
Días después de que se tomó el campus, llegó un nuevo patronato en la institución, nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del ejecutivo estatal.
A su vez, ese organismo nombró en julio a Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP y desconoció a Luis Ernesto Derbez Bautista, quien solicitó licencia a su cargo como rector de la Universidad de las Américas Puebla para atender las acusaciones por presunto desfalco. Ríos Piter prometió a los universitarios que todo volverá a la normalidad y que las actividades continuarán.
El pasado 17 de diciembre, el juzgado de Cholula evitó ejecutar el exhorto que ordenaba la entrega del campus de la Universidad de las Américas Puebla al patronato encabezado por Margarita Jenkins de Landa.
Y desde entonces, alumnos, profesores y sociedad se han manifestado para que los conflictos legales se resuelvan y los jóvenes puedan regresar a clases.
