Debido a pugnas sindicales, niños y jóvenes con discapacidad del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no pueden tomar clases en su escuela, el Centro de Atención Múltiple (CAM) “José Vasconcelos”, y tienen que hacerlo bajo kioscos, al interior de la unidad deportiva.
Desde hace dos años, los estudiantes, junto con el personal directivo y docente, no pueden ingresar a las instalaciones, pues permanecen tomadas por Poder de Base, grupo disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), debido a conflictos internos con la dirección.
¿Qué pide Poder Base en Michoacán?
El grupo, que a nivel estatal encabeza Benjamín Hernández Gutiérrez, exige la salida del director del plantel, Melchor González Tapia, por presuntas irregularidades, como hostigamiento laboral, así como de profesores afines.
“En un inicio estuvimos en la unidad deportiva, desde el ciclo escolar pasado; un tiempo hasta el mes de marzo que inició la feria. Nos tuvimos que retirar y nos fuimos a un domicilio particular de una madre de familia. Ahí estuvimos y concluimos el ciclo escolar; me refiero al ciclo escolar 2021-2022. Ahora, en el ciclo escolar 2022-2023, los padres de familia nuevamente reconsideramos la situación y volvimos a regresar a la unidad deportiva”.
Melchor González Tapia, director del CAM “José Vasconcelos”.
Aquí, en este espacio inhabilitado, lejos de sus talleres y sus salones, al menos 25 alumnos intentan continuar con sus estudios con el acompañamiento de algunos padres de familia, durante tres días a la semana, en un lapso de tres a cuatro horas.
Con aquellos jóvenes que puedan dominar la escritura y lectura, las clases se imparten en línea, y en casos especiales, los maestros van a sus domicilios dos días a la semana; sin embargo, el aprendizaje no es el mismo.
“Ellos piden su escuela y el traerlos aquí, por la convivencia de sus compañeritos, sí les gusta mucho; sin embargo, ellos necesitan de las instalaciones de su escuela porque allá tienen sus talleres adecuados, tienen el área adecuada para que ellos reciban sus clases, sus talleres y pues básicamente la unión entre compañeritos, porque ellos son de educación especial y como tal, merecen su propio entorno y una convivencia sana”.
Magdalena Aguilera Fernández, madre de familia.
Desde el inicio del conflicto, la Secretaría de Educación del estado fue enterada del asunto; no obstante, la solución ha sido nula e, incluso, los funcionarios que atendían el caso fueron removidos. De igual manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino, aunque también fue en vano.
“Hemos estado informando todo lo que ha estado aconteciendo para que la autoridad haga lo que le compete; estamos a la espera de eso, de que se haga la investigación que han dicho se va a hacer y, dependiendo de la investigación que se realice, obviamente que queremos lo mejor para la escuela”.
Melchor González Tapia, director del CAM “José Vasconcelos”.
Los padres de familia lamentaron que, por las pugnas sindicales, sus hijos no puedan tomar clases en el único plantel de la cabecera municipal para ellos.
“Que la autoridad hiciera su trabajo y su función. Estamos hablando que se están violando los derechos de nuestros hijos con capacidades diferentes, que son niños también, jóvenes y adolescente, y aunque sean un poquito mayores tienen derechos. Entonces, que la autoridad volteé a ver al CAM Laboral ‘José Vasconcelos’ y nos ayuden”.
Magdalena Aguilera Fernández, madre de familia.
