El exgobernador de Durango, José “R”, fue vinculado a proceso este martes, informó la parte acusadora, Iván Soto Hernández, un periodista amenazado vía telefónica por el entonces gobernador el año pasado.
“Siendo las 5:28 a.m. se declara el auto de vinculación a proceso penal en contra de José “N”, por la probable comisión material de un hecho que la ley considera como delito, en perjuicio del periodista Iván Soto”.
Refirió el comunicador en sus redes sociales.
¿De qué se le acusa?
El 22 de julio del 2022, José “R” realizó una llamada telefónica al periodista desde su teléfono personal para advertirle la posibilidad de iniciar un proceso judicial en su contra, ya que lo consideraba responsable de la violación sexual que sufrió la hija del comunicador un año antes.
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Soto Hernández había iniciado una lucha legal y mediática contra las autoridades por considerar que desde la Fiscalía General de Justicia del Estado el expediente de su hija estaba detenido, porque en la denuncia se vinculaba a varios jóvenes, hijos de personas cercanas al círculo del mandatario, el comunicador denunció que José “R” directamente había dado la instrucción de no avanzar en las investigaciones.
17 horas duró la audiencia que terminó con la vinculación a proceso del exmandatario, una vez que el juez consideró que la grabación de la llamada era una prueba que aportaba datos veraces de la acusación, el juez también consideró que existía una revictimización por parte del gobernador hacia el periodista.
¿Qué sigue para el exgobernador de Durango?
Luego de la vinculación a proceso, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), solicitó al juez medidas cautelares para evitar la sustracción del imputado a la acción de la justicia al considerar riesgos para la etapa que se aproxima tanto para la víctima como para los testigos.
Si se le encuentra culpable, el panista José “R”, quien tiene aspiraciones políticas para el proceso electoral del próximo año, 2024, podría pasar de tres a cinco años en prisión.