Luego de que autoridades de la Ciudad de México (CMX) desmantelaran tres aserraderos ilegales en la capital mexicana y detuvieran a tres personas, presuntos talamontes, un juez de control dictó la vinculación a proceso para dos mujeres y un hombre, quienes estarían vinculados a grupos criminales para cometer dichos delitos.
Al respecto, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara, explicó que, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo sobre los presuntos talamontes, apuntan a que estos aserraderos clandestinos podrían ser operados por grupos criminales, luego de tres cateos llevados a cabo en la alcaldía Tlalpan, en donde se detuvo a estas tres personas.
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¿De qué se les acusa a los presuntos talamontes?
Por su probable participación en delitos contra el medio ambiente, Rosalba “N”, Mónica “N” y Víctor “N” fueron vinculados a proceso, tras presentar datos de prueba reunidos por personal ministerial de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX.
Durante la audiencia inicial, y luego que la autoridad judicial calificara de legales sus detenciones, la representación social de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Protección Urbana, de la Coordinación General de Investigación Territorial, les formuló la imputación correspondiente.
Prisión preventiva
Además, el juez también les impuso la prisión preventiva justificada, como medida cautelar, durante el mes establecido para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las indagatorias, las dos mujeres y el hombre imputados, presuntos talamontes, fueron detenidos durante cateos realizados en Lomas de Tepemecatl, donde fueron desmantelados dos posibles aserraderos clandestinos en los cuales se ubicaban centros de almacenamiento y transformación de materia prima forestal.
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Por lo que, en cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las tres personas vinculadas a proceso, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.
