El gobierno del estado de Chihuahua informó que acepta la intervención de alguna instancia externa, como en su momento se dijo sobre alguna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que verifique y exponga públicamente los datos estrictamente técnicos que han derivado por el famoso tratado de agua que hay entre México y Estados Unidos.
A través de un comunicado, la autoridad de Chihuahua lamentó que el gobierno federal en lugar de orientar a una solución sobre el actual problema por el tratado de agua, solo alargue el conflicto, en el cual los más afectados serían los productores chihuahuenses.
Chihuahua pide solución al tratado de agua con Estados Unidos
El gobierno de Chihuahua reiteró su llamado al diálogo con las autoridades correspondientes de nuestro país para sostener una vía de diálogo que ayude a poner solución al actual problema que hay por el tratado de agua, el cual implica el envío del líquido al vecino país del norte, y lo que implicaría graves riesgos para la producción y los trabajadores del campo.
“Para no generar una controversia inútil y desgastante, se le vuelve a hacer una invitación a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, así a como a los funcionarios de las dependencias federales involucradas, a una reunión de trabajo, ya sea las oficinas en la Ciudad de México, o si prefieren venir a enterarse de primera mano de la realidad que se padece en la región para cotejar así, en un diálogo constructivo, las cifras de ambas partes.”
Gobierno de Chihuahua.
Por otro lado, y con relación a este mismo tema, la Alianza Federalista que integra a los estados de Jalisco, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y Colima, emitió un posicionamiento de apoyo a la lucha del Pueblo y Gobierno de Chihuahua ante los inconvenientes que se han suscitado por el tratado de agua.
Todos los gobernadores de la Alianza firmaron un documento en el que exigieron al Gobierno de México, respeto a la soberanía del Estado de Chihuahua y de sus autoridades, así como el cese de la permanente descalificación de quienes defienden el agua de las presas.