Periodistas de Tijuana y San Diego, California protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Baja California por el asesinato del fotoperiodista, Margarito Martínez ocurrido la tarde del lunes en esa ciudad.
Los comunicadores exigieron que el crimen no quede impune, que se dé con él o los responsables y se haga justicia.
“Mucha indignación, pero creo que nos sentimos anonadados porque, no tenía ninguna razón de ser esto, o sea, nadie nos pudiéramos haber imaginado que fuera víctima de una muerte violenta”.
José Ángel Inzunza | Srio. Gral. Asociación Nacional de Periodistas Zona Noroeste
Hace apenas un mes Margarito Martínez en una cobertura periodística, fue objeto de amenazas y acusaciones por parte de Ángel Peña, quien es investigado por las autoridades.
Se sabe que tras las amenazas, el fotorreportero solicitó medidas de seguridad a los mecanismos de protección del estado.
“Según mi información, porque a mí Margarito personalmente me dijo: ya me llamaron del Sistema, ya estoy en el Sistema. Intuí que estaba incorporado en el Sistema Estatal, pero me confirman que ni siquiera está integrado y que lo que hicieron fue canalizarlo al Sistema Federal, y que tampoco le dieron seguimiento por la falta de los documentos”.
Sonia de Anda | Presidenta de la Fundación #YoSíSoyPeriodista
Hasta hoy la Fiscalía Estatal no cuenta con testigos, ni cámaras de vigilancia que pudieran llevarlos a identificar al responsable de la agresión.
En conferencia de prensa se informó que el arma con la que el comunicador fue abatido, está relacionada con otros cinco crímenes perpetrados entre junio y julio del 2020 en esa misma ciudad.
“El ataque fue directo, no hay duda de ello, las lesiones así lo hacen ver. Lo que tenemos es lo que nos dice su esposa que ocurrió, cuando llegó y lo que observó en el vehículo y él estaba sentado y ahí había recibido lesiones por proyectil”.
Hiram Sánchez Zamora | Fiscal General de Baja California.
Este viernes, los periodistas tijuanenses preparan una vigilia en memoria de Margarito Martínez, cuyo caso, según la Fiscalía de Baja California, podría ser atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR.
