El club de futbol español Barcelona fue imputado formalmente por un presunto delito de cohecho en el marco de las investigaciones por el caso de corrupción arbitral por pagos al árbitro José María Enríquez Negreira.
La investigación del escándalo arbitral que salpica al Barcelona dio un salto con el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), situado en la sede de la Federación Española de Fútbol ya debilitada por el caso Rubiales.
La Guardia Civil irrumpió en la mañana en los despachos del CTA, a las afueras de Madrid, para realizar un registro, aunque no se preveía ninguna detención, de acuerdo con fuentes del cuerpo.
Casi al mismo tiempo se sabía que su titular, el magistrado Joaquín Aguirre, ha decidido imputar además a los investigados, entre los que se encuentra el Barcelona y varios de sus exdirigentes, por un supuesto delito de cohecho.
La investigación sobre el arbitraje se ha ampliado ahora para incluir al Barcelona como sospechoso. El juez instructor Joaquín Aguirre López dijo a principios de septiembre que el Barcelona podría haberse beneficiado de una supuesta “corrupción sistémica”.
En marzo, los fiscales presentaron una denuncia por presuntos pagos de más de 7.3 millones de euros durante 17 años a empresas propiedad de José María Enríquez Negreira, quien de 1993 a 2018 fue vicepresidente del CTA, perteneciente a la Real Federación Española de Fútbol.
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Una fuente del Barcelona dijo a Reuters que el club no emitirá un comunicado oficial, añadiendo que sus abogados penalistas ya habían contemplado la hipótesis y que se han estado preparando para ello desde el inicio, trabajando en todos los aspectos relacionados con el caso.
El Barcelona, campeón de LaLiga española, ha negado cualquier irregularidad, diciendo en un comunicado en febrero que había pagado a un consultor externo que le proporcionó “informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional”, lo que dijo que era una práctica común entre los clubes de fútbol profesional.
Según el juez Aguirre, Negreira era el encargado de clasificar y evaluar a los árbitros. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado pruebas de que Negreira pagara a los árbitros para influir en los resultados de los partidos, dijo Aguirre a principios de septiembre.
En el documento, el magistrado indica que estos pagos que se alargaron presuntamente “durante unos 18 años, fueron incrementándose desde los 70 mil euros iniciales hasta los 700 mil anuales“, y cesaron cuando Negreira salió del puesto en 2018.
“Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual”, indicó.
“De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”, expuso añadiendo que serán las investigaciones de la Guardia Civil las que podrán confirmar estos extremos.
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