Sobre una plancha de acero yace el cuerpo de un hombre. Nadie sabe cómo se llama ni dónde vive. De él sólo se conocen algunos detalles de su muerte. Un médico forense se acerca, toma su mano e imprime sus huellas dactilares, que serán la clave para que esta persona no vaya a parar a la fosa común.
El Instituto Nacional Electoral, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia firmaron un convenio con el que ya es posible identificar a 9 de cada 10 cuerpos que ingresan en calidad de desconocidos a los servicios forenses del país.
Este nuevo protocolo consiste en tomar las huellas dactilares de los cadáveres que ingresan al Instituto de Ciencias Forenses y realizar un cruce de información con la base de datos del INE, la cual consta de 80 millones de huellas dactilares.
El objetivo es muy claro: "No puede quedar un sólo cadáver sin identidad, no puede haber una persona que nadie la reclame, que nadie la conozca en la ciudad o en el país", afirma el doctor Edmundo Takajashi, director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
Sin embargo, la implementación de este modelo no ha sido homologada en todos los estados, lo que dificulta el intercambio de información. "Si hay un cadáver que ingresa en Naucalpan, Estado de México, nosotros no tenemos esa información y eso que somos entidades colindantes", menciona Takajashi.
Pero además, asegura que va más allá de una cuestión de voluntad por parte de las Procuradurías estatales, ya que no basta con aceptar la implementación del protocolo, sino que se requiere de una inversión para comprar equipo especializado, contratar y capacitar al personal.
De noviembre de 2016 a la fecha, tan solo en la Ciudad de México el sistema ha arrojado 100 resultados positivos, es decir, 100 personas que han sido identificadas y que pronto encontrarán el descanso lejos de las fosas comunes.