El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) confirmó este jueves que un país puede imponer una pena de cárcel a un inmigrante que entra ilegalmente en su territorio infringiendo una prohibición de entrada, al considerar que la directiva de retorno no se opone a este tipo de sanción.
En una sentencia dictada, el alto tribunal indicó que la directiva sobre devoluciones de inmigrantes irregulares no se opone a una normativa nacional que califique de delito la nueva entrada ilegal de una persona de un país de fuera de la UE y que establezca sanciones penales, incluida la pena privativa de libertad.
Añade también que esa normativa no puede poner en peligro la consecución de los objetivos de la directiva comunitaria de retorno, que es garantizar, entre otras cosas, la prevención de la inmigración ilegal y la lucha reforzada contra ésta.
El Tribunal de Justicia concluye asimismo que la legislación comunitaria tampoco se opone a que se impongan sanciones penales, siempre que se respeten los derechos fundamentales y, en su caso, la Convención de Ginebra, a los inmigrantes en situación irregular que entren de nuevo ilegalmente en el territorio de un Estado miembro infringiendo una prohibición de entrada dictada contra ellos.