El gobierno español justificó la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque la Generalitat de Cataluña con sus decisiones separatistas está "poniendo en grave riesgo el interés general de la nación".
Así lo explicó el Ejecutivo en un documento de 10 páginas en el que se recogen los fundamentos políticos y jurídicos en los que se basa la decisión que toma el Consejo de Ministros y que incluye medidas "garantistas que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades".
La aplicación del artículo 155 constitucional permite al gobierno español una intervención en caso de que un gobierno autonómico desobedezca lo que mandata la Constitución, o actúe en detrimento del interés general de España.
En este caso, el gobierno considera que en su afán de impulsar la secesión, los gobernantes de Cataluña no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asistenta la democracia española, ni el interés general al que responden las leyes .
El Consejo de Ministros se reunió este sábado para estudiar la aplicación de dicho artículo, luego que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, rechazó echar atrás el proceso de independencia e incluso amenazó al gobierno de separarse si aplicaba dicho artículo.
El Senado de España, con mayoría absoluta del gobernante Partido Popular, podría votar el viernes 27 de octubre la medida, que incide en áreas que se consideran claves en el impulso del proyecto independentista.
¿Qué sigue?
La aplicación del artículo permitirá que el Estado español controle:
- Las finanzas.
- La policía.
- Los medios de comunicación públicos de la comunidad.
El gobierno español asumirá las competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Asimismo se asumen las funciones que tiene asignadas la Generalitat sobre tecnologías de la información, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña.
En sus motivos dados a conocer este sábado, el gobierno destacó que el objetivo último es "restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes".
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